Alquilar una vivienda siempre implica ciertos riesgos, tanto para el propietario como para el inquilino. De ahí la importancia de contar con un seguro de alquiler adecuado, que se adapte a las necesidades de cada parte. Pero ¿quién debe contratarlo? ¿Qué coberturas son las más habituales?
Seguro de alquiler para propietarios
El seguro de alquiler para propietarios está diseñado para proteger la inversión en el inmueble. Entre sus coberturas más comunes destacan:
- Impago de rentas: la aseguradora garantiza el cobro mensual si el inquilino deja de pagar.
- Daños en la vivienda: cubre reparaciones por desperfectos ocasionados durante el arrendamiento.
- Defensa jurídica: apoyo legal en caso de tener que reclamar por impagos o conflictos relacionados con el alquiler.
De esta manera, el propietario asegura la rentabilidad de su vivienda y minimiza los riesgos financieros.
Seguro de alquiler para inquilinos
El inquilino también puede beneficiarse de una póliza adaptada a su situación. En este caso, lo más habitual es un seguro de hogar para inquilinos, que suele incluir:
- Protección de bienes personales: muebles, electrodomésticos y objetos de valor frente a robos o daños.
- Responsabilidad civil: cobertura frente a terceros en caso de causar daños, por ejemplo, una fuga de agua que afecte al vecino.
- Asistencia en el hogar: servicios de cerrajería, fontanería o electricidad en caso de urgencias.
Con este seguro, el inquilino gana seguridad y evita asumir costes elevados por incidentes inesperados.
¿Quién debe contratar el seguro?
No existe una única respuesta. Lo más recomendable es que cada parte contrate su propio seguro, ya que cubren riesgos distintos y complementarios. El propietario protege su inmueble y la renta, mientras que el inquilino asegura sus pertenencias y su responsabilidad.
Ventajas de combinar ambas coberturas
Cuando tanto propietario como inquilino cuentan con un seguro adaptado, el alquiler se convierte en una relación más segura para todos:
- Respaldo jurídico y financiero en caso de problemas.
- Mayor confianza en el contrato.
- Reducción de conflictos económicos.
